Cinco me’phaas están presos en Ayutla; otros 10 tienen órdenes de aprehensión
CIDH exige al Estado protección para 41 indígenas de la OPIM
El requerimiento, en respuesta a una solicitud del organismo con ayuda de otros
Tlapa, 8 de julio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano medidas protección para la seguridad de 41 indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), entre ellos los 10 que tienen orden de aprehensión y 5 de El Camalote que están presos en el penal de Ayutla.
El requerimiento de protección al gobierno es en respuesta a la solicitud que hizo el 6 de mayo el dirigente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y el secretario ejecutivo del organismo, Santiago Cantón con ayuda de las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La solicitud del dirigente (un documento de 11 páginas que describe un recuento de los agravios contra la organización desde hace 5 años) fue en el sentido de que la CIDH pidiera al gobierno de México las mismas medidas de seguridad que en 2005 el organismo solicitó en protección de Obtilia Eugenio Manuel y su familia, también dirigente de la organización indígena, porque era amenazada e intimidada por agentes paramiliatares y de corporaciones policiacas.
Pero además, la solicitud plantea a la CIDH: “exhorte al Estado Mexicano a llevar a cabo un proceso judicial justo, imparcial y apegado a derecho” en el juicio por homicidio calificado que enfrentan los 5 indígenas de El Camalote: Orlando Manzanarez Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina.
La CIDH resolvió a favor de los indígenas y mediante un oficio signado el 27 de junio por la secretaria ejecutiva adjunta del organismo, Elizabeth Abi-Mersheda, les informa que el 26 del mismo mes, se dirigió al gobierno federal “a fin de solicitar se amplíen las medidas cautelares” para la protección de los 41 miembros de la OPIM.
Al respecto, Tlachinollan en un comunicado de prensa emitido ayer, destacó que las medidas cautelares son también para los 15 procesados de la OPIM por el delito de “homicidio calificado” en agravio de Alejandro Feliciano, un “informante del Ejército”.
La organización dice que la Comisión Interamericana decidió pedir protección para los indígenas porque “acreditó que hay persecución” en su contra y por ello “existe el riesgo inminente de su seguridad e integridad física”.
El área internacional de Tlachinollan informó que este jueves abogados de la organización e integrantes de la OPIM se reunirán en las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación federal con funcionarios de esta instancia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para definir de común acuerdo los términos en que el gobierno cumplirá con la protección de los indígenas, de acuerdo al protocolo bajo el cual se conducen los requerimientos de la CIDH.
