A 40 años, impunes los responsables de la matanza de copreros - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: lunes 20 de agosto de 2007 Sociedad A 40 años, impunes los responsables de la matanza de copreros

Pistoleros contratados por personajes que después escalaron puestos políticos, mataron a 38 campesinos

A 40 años, impunes los responsables de la matanza de copreros

ROBERTO RAMIREZ BRAVO

Imágenes de archivo de los copreros que fueron masacrados el 20 de agosto de 1967
Imágenes de archivo de los copreros que fueron masacrados el 20 de agosto de 1967 Foto: LA JORNADA GUERRERO

Al cumplirse hoy 40 años del asesinato de campesinos productores de copra, una realidad es inegable: ninguno de los responsables, ni ejecutor material, ni autor intelectual, ha sido procesado por ese delito.

–Son cosas que nunca deben pasar, afirma Jorge Luis Salas Pérez, actual presidente de la Unión Regional de Productores de Copra del estado de Guerrero-

Un total de 38 personas fueron asesinadas en un solo día, el 20 de agosto de 1967, durante el gobierno de Ray- mundo Abarca Alarcón, a manos de pistoleros que después serían objeto incluso de corridos por su supuesto valor, como El Chante Luna, El Zanatón, Pay Radilla, El Animal, y por órdenes de personajes que después escalarían altos niveles políticos como Rigoberto Pano Arciniega, que fue magistrado y procurador de Justicia del estado, u Orbelín Soberanis Núñez, que llegó a ser diputado local.

A duras penas, y con mucho trabajo, los copreros han logrado recuperar el edificio de su propiedad, que durante casi cuatro décadas estuvo en poder de los caciques locales a través de sus representantes de la Confederación Nacional Campesina. El 26 de marzo de 2004, 37 años después de que el inmueble fuera tomado por la pandilla, el expediente quedó cerrado y el edificio quedó en definitiva en poder de sus dueños originales.

El origen del problema, recuerda Salas Pérez, fue una mezcla en la que se combinaron la lucha de los copreros contra los acaparadores de entonces, que venía desde finales de 1950; la creciente popularidad política de los productores independientes, y la aplicación de un impuesto de 13 centavos por coco y 7 por palmera para mermar la organización que los productores independientes habían logrado.

En ese mismo año, 1967, había habido elecciones para presidente de la unión de copreros, en la que triunfó de manera fraudulenta Jesús Flores Guerrero, conocido acaparador, lo que desató la inconformidad.

Eran tiempos, recuerda Salas, en que la empresa se había convertido en un exitoso negocio que daba buenas ganancias a los productores, e incluso se llegó al caso de que varios de ellos tenían sus tierras hipotecadas casi de por vida con un acaparador llamado Candelario Ríos, pero la unión las rescató a través de saldar dichas deudas.

Estos conflictos, y la organización de los copreros, originó que los acaparadores formaran un bloque para impedirles vender su producto, y empresas como La Corona, La Palmolive y otras, dejaron de comprarles, por lo que una comisión encabezada por Florencio Encarnación Ursúa viajó a la ciudad de México para entrevistarse con los embajadores de varios países, para buscar compradores, hasta conseguir que el de Colombia les consiguiera contratos con empresarios de aquella nación y pudieron romper el bloqueo.

“Eran colas de copreros que llevaban su producto a pie” para entregarlo en el barco, en el malecón de Acapulco, recuerda Salas Pérez.

En 1961 había habido un asalto contra la coprera, orquestado, según recuerda el dirigente, por Efraín Zúñiga Galeana –después diputado local y federal por el PRI– Rosendo Ríos Flores, Candelario y Lucio Ríos Rodríguez. El asalto se preparó desde el edificio de La Crom, en el malecón.

El 20 de agosto de 1967, según recuerda Graciela Guinto Palacios en su libro El profesor Florencio Encarnación Ursúa y la lucha de los copreros guerrerenses, se organizó por parte de los caciques un festival para conmemorar el aniversario de la unión, que había sido cuatro días antes. La versión pública era que se iban a enfrentar con un grupo de matones que tenía tomado el edificio de la coprera, en la avenida Ejido, para resguardar a la impugnada dirección de Jesús Flores Guerrero.

Los copreros disidentes, encabezados por el candidato Julio Berdeja y por el diputado federal César del Angel, quien había acudido por parte de la CNC para investigar el conflicto coprero, realizaron una marcha pacífica desde la gasolinería de Mozimba y, advertidos de que los esperaban armados en el edificio de la coprera, hicieron un mitin en un establecimiento conocido como Aluminio Galvanizado de Acapulco. Florencio Encarnación no asistió ese día a la manifestación.

Gerardo Peláez Ramos, en su artículo Acapulco: la matanza de los copreros, refiere que los productores pretendían realizar un congreso en la sede de la organización, para destituir a Jesús Flores y elegir nuevo presidente.

El hecho es que el grupo se dirigió al edificio de los copreros, pero cuando iban llegando fueron atacados por los pistoleros. Pano Arciniega, según refiere Salas Pérez, se encontraba en el segundo piso del inmueble, dirigiendo la operación en la que participaron policías judiciales.

“Don Julio Berdeja quedó paralizado muerto en vida por una bala que le atravesó la columna”, relata en su libro Guinto Palacios.

Peláez Ramos escribió que tras la balacera, el ejército ocupó el inmueble y encontró como arsenal “más de 70 rifles M1 y varios M2; seis escopetas de diversos calibres, 22 pistolas 380 y otras 30 calibre 38 súper, más algunas decenas de ametralladoras tipo Mendoza. De los ocupantes no hubo ningún muerto y ningún herido, todos los caídos y heridos pertenecían a la disidencia. Los jefes oficiales de la URPC, Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Severiano Ibarra Rivera y Amador Campos, detenidos en el terreno de los hechos, fueron liberados rápidamente. En cambio, se tuvo en prisión más tiempo a los disidentes”.

Los muertos, uno por uno

Cuenta Guinto Palacios que “jamás se supo la cifra exacta de los muertos y heridos; aunque oficialmente se decía que eran 27 muertos y 120 heridos. Algunos muertos fueron sacados en camionestas de alquiler, amontonados como animales”.

Sin embargo, después de varios años de darle seguimiento, Salas Pérez fue reconstruyendo la historia de los caídos ese día. En un adelanto para La Jornada Guerrero, da a conocer por fin la lista completa de los asesinados, 38 en total: Carlos Iturburu Guerrero, Manuel Rodríguez Bermúdez, Alondra Murga Román, Petra Salas Diego, Inocencia Murga López, Prisciliana Peña Gómez, Juan Zúñiga Bracho.

Además están Luis López, Gonzalo Soberanis Palma, Arnulfo Diego Escalona, Gabino González Radilla, Martín Celaya Pérez, Juan Bracho Campos, Saúl Hernández Radilla, Alberto Vega González, Mariana Aguilar Delgado, Efrén Narciso Pacheco, Celso Sánchez Peralta, Delfina Gormín, Yadira Silva Urieta.

Otros victimados son Manuel Mora Muñoz, Rodolfo Reyes Iturburu, Saúl Cortés Guatemala, Pedro Aguilar García, Precadio Salinas Olivar, Angel Cruz, Lucila Santos Hernández, Dalia Valencia Rodríguez, Justina González, Martha Dorantes Reyes, Angel Sotelo.

Finalmente están Francisco Morales García, María Hernández Jiménez, Félix Nava Valle, Eduardo Pérez González, Jorge Sierra Castillo, Oscar Loza Patiño y Macario Ozuna.

Recuperar el patrimonio

Después de la matanza, cuenta Salas Pérez, los copreros no quisieron saber nada del edificio y lo dejaron en manos “de los usurpadores”, hasta que él se propuso recuperarlo y, tras varios intentos de buscar un arreglo político para su devolución, en 2004, 37 años después, interpuso una demanda judicial sobre el caso.

No fue fácil, pues no había escrituras sobre el inmueble, ya que habían sido desaparecidas en el registro público de la propiedad, y arrancadas del libro del notario Julio García Estrada y de la oficina del notariado público. Cuenta que intentó hablar con varios gobernadores, pero Alejandro Cervantes Delgado no lo recibió nunca, José Francisco Ruiz Massieu le dijo que sobre ese tema no hablaría, y Angel Aguirre Rivero y Rubén Figueroa no lo atendieron, hasta que René Juárez Cisneros se interesó y nombró a Héctor Manuel Popoca Boone, entonces secretario de Desarrollo Rural, hacer una investigación.

Después de mucho buscar, arrumbadas en un libro ajeno, estaban las hojas de la escritura del edificio, con lo que se pudo entablar la demanda y en noviembre de 2004 recuperaron el edificio, y en marzo pasado salió la sentencia definitiva que les devolvió la propiedad del inmueble.

Hoy, 40 años después de la matanza, la situación de los campesinos “sigue exactamente igual, los hechos han cambiado muy poco”, recuerda Salas Pérez. Los asesinos de entonces, hasta ahora, no han sido castigados.

 
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