La minería en Guerrero sigue como en tiempos de la Colonia - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: sábado 14 de abril de 2007 Sociedad La minería en Guerrero sigue como en tiempos de la Colonia

• R E P O R T A J E : LA EXPLOTACIÓN EN XOCHIPALA

La minería en Guerrero sigue como en tiempos de la Colonia

MOISES SANTOS CARRERA *

Luismin modifica el entorno con su programa de voladuras, hechas con explosivos
Luismin modifica el entorno con su programa de voladuras, hechas con explosivos Foto: JORGE LOPEZ/ARCHIVO
Paisaje de uno de los centros de explotación la minera de Luismin
Paisaje de uno de los centros de explotación la minera de Luismin Foto: LENIN OCAMPO

APOYADA EN TODOS SENTIDOS POR EL GOBIERNO, DESDE SUS INICIOS LA INDUSTRIA MINERA SE HA SERVIDO DE LOS PUEBLOS Y SUS TIERRAS PARA OBTENER GANANCIAS INCUANTIFICABLES. LA FUERZA POLÍTICA Y POLICIACA DEL ESTADO HA SERVIDO A LAS COMPAÑÍAS PARA SUSTENTARSE EN LA LEY O POR ENCIMA DE ELLA, Y EXPLOTAR LA RIQUEZA DEL SUBSUELO

La importancia económica de la industria minera está basada en la facilidad que los gobiernos les brindan. De ahí su gravitación en la economía imperial y su intensa explotación por grandes compañías extranjeras. Lo que ocurre hoy en Guerrero es un cuadro de historia económica viva.

En México la minería surgió durante la Colonia y se convirtió, junto con la hacienda, el taller artesanal y el obraje, en unidad económica fundamental de los españoles.

El ingreso de las clases dominantes no tomó la forma de tributo, sino de renta de la tierra. El terrateniente recibía renta por la explotación de trabajadores, o bien como ganancia del capital, comercial o usurera, pero a veces también por inversiones directas.

La sociedad colonial de los españoles surgió de la explotación de las comunidades indígenas, las cuales siguen siendo estafadas y engañadas, defraudadas y despojadas de sus tierras, con miserables salarios y rentas igualmente miserables.

Cuando los españoles vinieron a América, no trajeron capital alguno para fundar sus unidades productivas. ¿De dónde salieron el trabajo y los medios necesarios para fundar estas nuevas empresas? De la explotación de las comunidades, como en la actualidad.

En la región de Guerrero, el tema de la minería es de actualidad. Históricamente, contamos con un documento de análisis de las condiciones que imperaban en el pasado en los fundos mineros de Xochipala, Zumpango del Río, Mezcala y Carrizalillo.

Hoy vamos a referirnos a Xochipala y el fundo minero de San Pedro, lote número 2, durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.

Los campesinos de la comunidad agraria de Xochipala denunciaron su inconformidad y su temor en un escrito dirigido al presidente, a la Procuraduría General de la República, a la opinión pública, y al pueblo de México: “El campesino hizo la revolución y quienes a estas fechas lo tratan como ‘perros rabiosos’ no deben ocupar puestos públicos, pues con ello se frena el progreso de México”.

Los campesinos radicados en el poblado de Xochipala, municipio de Zumpango del Río, hicieron esta denuncia minera en el expediente número 4549/66, el 31 de octubre de 1966, ante la oficina local de Chilpancingo, dependiente de la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional, sobre el lote denominado “San Pedro número 2”, en cumplimiento de la Ley de Minas y de todos los requisitos de trámite. En los meses siguientes aparecieron por esos rumbos personas que se decían propietarias del yacimiento.

Once años después de la fecha señalada, el fundo minero fue abandonado, junto con el conjunto de viviendas, oficinas y hasta la maquinaria de molienda, ubicada en San Juan. Aún quedan vestigios de sus instalaciones.

Estos hechos provocaron la pérdida de los derechos de los antiguos propietarios por falta de exploración y explotación. La Secretaría del Patrimonio Nacional lo hizo constar, lo mismo que la Secretaría de Chilpancingo, en los libros correspondientes.

Un grupo de personas, encabezado por altos funcionarios de la Secretaría del Patrimonio Nacional, se hizo acompañar por fuerzas federales para buscar en sus domicilios a los habitantes y dirigentes mineros de Xochipala a altas horas de la noche, y amenazó a sus familiares con colgarlos de los árboles si no abandonaban y retiraban sus derechos sobre esos yacimientos, ya que alegaban que eran suyos, sin acreditación alguna que lo probara.

Estos actos obligaron a los campesinos a ocultarse en los montes.

Los dirigentes mineros de Xochipala aseguraban que el mineral “San Pedro lote número 2”, jamás figuró en la explotación minera de la que tenía concesión Manuel Franco Urías, de quien fueron trabajadores cerca de 12 años, hasta que fue abandonado dicho mineral.

Cuando murió Franco Urias, 10 años antes de este conflicto, sus hijos reclamaron derechos como dueños de los fundos mineros y los campesinos de Xochipala fueron atropellados criminalmente, siempre bajo el amparo de altos funcionarios y las fuerzas federales.

Para despojar a los mineros de Xochipala, los herederos de Manuel Franco hicieron uso de maquinaciones y actos como alterar los libros de registro del patrimonio nacional, como el de Minas de Chilpancingo, oficinas donde aquéllos hicieron originalmente sus registros. Se presentaron planos alterados y una serie de falsificaciones con la complacencia y ayuda oficial.

Igualmente les tiraron las mojoneras con las que, conforme a la ley, delimitaron su denuncia minera con base en los trabajos periciales que presentaron en su momento. Los hijos de Franco Urías mandaron construir otras por su cuenta, siempre bajo la vigilancia de las fuerzas federales.

En el documento, los mineros de Xochipala expresaron graves interrogantes: “¿Es acaso, preguntamos, que el señor Enrique Franco López, abusando del poder que le da ser alto funcionario de la Secretaría del Patrimonio Nacional, tiene derecho para atropellar los derechos de los humildes mineros? ¿Son acaso los señores Manuel y Enrique Franco López los herederos legales de los derechos mineros que pudo tener el fallecido Manuel Franco Urías, o abusan indebidamente del poder federal para cometer atropellos que constituyen delitos federales?”

Los denunciantes pusieron por testigos a todos los habitantes de su pueblo para probar el día y la hora que la autoridad en cuestión dispusiera, todos los derechos y la veracidad de sus dichos, o pedían que en su caso “la H. Autoridad” enviara un agente investigador al lugar de los hechos.

“¿De qué sirve –reclamaban– que el señor Presidente de la República grite al pueblo todos los días que hay justicia en el campo, si malos servidores quieren quedarse para su provecho con la riqueza del país, sean terrenos, sean minas, etcétera? Estos señores, como funcionarios de la Secretaría del Patrimonio Nacional, vienen negando sistemáticamente permisos provisionales, explotación a los fundos mineros de Xochipala, Zumpango del Río, Chichihualco, Mezcala y Carrizalillo, pues, repetimos, se ostentan como propietarios no sólo de vidas e intereses, ¡sino de factores de imperio sobre todos estos pueblos!”

Ofrecieron como pruebas del despojo la documentación del fundo minero que fue 20 años antes de las denuncias de 1967 de Manuel Franco Urías, para demostrar que jamás el mineral “San Pedro lote número 2” perteneció a dicho empresario, ya que todos sus derechos caducaron por abandono de más de 11 años, y los que se ostentaban como propietarios hicieron lo mismo.

Además, demandaron que se citara a declarar a Manuel y Enrique Franco López, como altos funcionarios de la Secretaría del Patrimonio Nacional, a quienes acusaron de los delitos de despojo, violencia y los que resultaran. Se ofrecieron como pruebas los expedientes de las denuncias mineras ante ambas secretarías.

Sin embargo, las acciones de los mineros de Xochipala no prosperaron; en cambio, fueron perseguidos. Los funcionarios triunfaron, pero durante muchos años la resistencia campesina no permitió que los minerales fueran explotados.

Hoy, cuando nuevamente se recrudecen las acciones, los campesinos de Xochipala se encuentran divididos para concesionar sus terrenos a las empresas mineras extranjeras para su explotación.

Fuentes consultadas:

1. Bautista Nájera Esaú y Diego Vargas Nicolás. PGR. Expediente número 15991/63 México, DF, 8 de marzo de 1967.

2. M.F. Lang. El Monopolio Estatal del Mercurio en el México Colonial (1550-1710). FCE, México, DF, 1977.

3. Romero Sotelo, María Eugenia. Minería y Guerra. La Economía de Nueva España 1810-1821 COLMEX/UNAM, México, 1997.

* Investigador y catedrático de la Escuela de Economía de la UAG.

 
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